Profesor en la Universidad de Padua y filósofo conocido mundialmente, Toni Negri fue encarcelado el 7 de abril de 1979; estaba acusado de "insurrección armada contra los poderes del Estado" y, para dar cuerpo a esa acusación enorme, fue presentado como el verdadero jefe oculto de las Birgadas Rojas, que habían secuestrado y asesinado a Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana. Negri siempre ha negado esa acusación absurda de la cual, por lo demás, ha sido formalmente absuelto. Sus cargos han sido modificados en varias ocasiones. Tras cuatro años y medio de prisión preventiva, fue presentado por el Partido Radical como candidato a diputado, y el sufragio universal le sacó de la cárcel. Cuando la Cámara de diputados votó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria por escasísima mayoría, se refugió en Francia. Los procedimientos contra él, bajo múltiples acusaciones en varios procesos llevaron a su condena, en especial en Roma sobre la base de las declaraciones de un 'arrepentido' que fue enviado a América Latina tras la apertura del proceso. Amnistía Internacional denunció por entonces las graves irregularidades jurídicas que habían marcado su proceso y el de sus colegas de la Universidad de Padua. Durante su exilio, Toni Negri ha trabajado como profesor en la Universidad de parís VIII, en el Collège International de Philosophie y como investigador en ciencias sociales. Ha publicado numerosas obras.

Dada su notoriedad, Negri se ha convertido en la figura emblemática de la extrema izquierda italiana de los años 70. A partir del 'otoño caliente' de 1969, se abrió en Italia un periodo de conflictos sociales exacerbados marcados por el papel muy ambiguo de determinados servicios del Estado, en lo que se ha llamado la 'estrategia de la tensión', es decir, la manipulación de grupos neofascistas responsables de las masacres de Piazza Fontana y del atentado especialmente mortífero de la estación de Bolonia. La radicalización de la izquierda extraparlamentaria y del movimiento social llevó a una franja importante de militantes a la vía de una violencia difusa y en el caso de algunos a la lucha armada. Entre 1976 y 1980, decenas de miles fueron perseguidos y más de cinco mil personas fueron detenidas. Se pronunciaron cientos de condenas muy graves sobre la base de diversas leyes de excepción que siguen en vigor, entre las cuales está principalmente la llamada 'ley de arrepentidos'. Ésta hace de las declaraciones de los 'arrepentidos' la base suficiente para condenar a quienes implican y permite la puesta en libertad de condenados por delitos de sangre y diferentes medidas de 'reclasificación' por parte del Estado como precio de la delación. Otra ley de excepción: la duración de la detención preventiva fue ampliada, de manera retroactiva, hasta los doce años. Esta legislación es radicalmente incompatible con los principios del Estado de derecho y las reglas mínimas en materia de procedimiento penal, tal y como se definen en los artículos 5 y 6 de la Convención europea de derechos humanos y son protegidas por el Tribunal europeo de derechos humanos. Podemos pensar que, debido al carácter eminentemente contestable de esa legislación, las democracias vecinas han alimentado serias reservas, hasta el punto de que el Reino Unido y Francia no tramitaron, salvo raras excepciones, más de 70 peticiones de extradición presentadas por las autoridades italianas, independientemente de la mayoría en el poder. Por la misma razón, sin duda, los cerca de 500 refugiados acogidos en Francia durante esos años no han sido nunca inquietados. Integrados en la sociedad francesa por su vida familiar, su trabajo, esos refugiados no tienen la intención de comprometer su futuro y la vida que se han construido para purgar viejas condenas de hace un cuarto de siglo y pronunciadas en las condiciones que conocemos.